Como recuerda la OCU, "no existe ninguna disposición similar en Europa". Lo que pretende el Gobierno español es algo inaudito, algo sin precedentes en los países desarrollados de nuestro entorno, algo que, desde luego, ni ha pedido ni quiere la ciudadanía ya que "los consumidores europeos reciben y valoran los informes que elaboran las asociaciones de consumidores". Y concluyen que "durante décadas las organizaciones de consumidores han demostrado el respeto a los principios de transparencia, contradicción y veracidad de la información que han publicado a través de sus canales de información. La industria alimentaria tiene ocasión de pronunciarse antes de la publicación de los resultados de un estudio y, en cualquier caso, cuenta con los tribunales de justicia para hacer valer sus derechos". Y un dato que conviene tener presente: "desde que en 1980 OCU comenzara a realizar análisis comparativos, nunca ha sido condenada en un procedimiento judicial por publicar información no veraz".
Es decir, la disposición introducida en el proyecto de Ley de la cadena alimentaria es algo mucho peor que innecesario. Es un gravísimo atentado a derechos fundamentales y puede dejar gravemente desprotegidos los intereses de los consumidores frente a posibles abusos industriales. Como denuncian las organizaciones de consumidores "con esta regulación el Gobierno pretende que no se publique información sin que el fabricante o distribuidor del producto analizado bendiga lo que se dice de él. Esto es tan ridículo como si se obligara a un periodista a que, antes de opinar sobre alguien, le someta el texto a la persona en cuestión y éste pudiera vetar su publicación. OCU entiende que a esto se le llama censura"
La disposición pretende que se deje en manos de las autoridades y de las empresas como será la información que se suministre a la población, con la justificación de "no inducir a error a los consumidores respecto a la seguridad y la calidad de los productos alimentarios". ¿Pero con qué derecho se alzan la Administración y las industrias en jueces de lo que es o no "erróneo"? ¿Qué información será la "correcta", la que se acostumbra de que todo está bien y con plenas garantías?
Se generan, en fin, grandes incertidumbres que pueden sembrar de obstáculos e incluso imposibilitar por completo la realización de informes que alerten a la población sobre riesgos o fraudes en la cadena alimentaria. Y el "aviso a navegantes" no debiera inquietar solo a asociaciones de consumidores, ya que la disposición se refiere a cualquier persona o entidad que quiera realizar informes.
La introducción de la norma se hace tras peticiones en ése sentido de representantes de la industria alimentaria, y tras prodigarse en los últimos tiempos la publicación de diferentes informes que alertaban a la población de los más diversos fraudes alimentarios que la Administración no había sabido prevenir.
La gran pregunta que cabe hacerse con esta cuestión es si al Ejecutivo le preocupa más que haya quien adultere o contamine un alimento o si lo que le preocupa más es que simplemente el público pueda enterarse de ello.
Una de las principales vías que la población tiene de estar informada y, por lo tanto, protegerse de los problemas de la cadena alimentaria, son precisamente estos informes que realizan periódicamente científicos, universidades, asociaciones de consumidores, etc.
A partir de ahora puede ser mucho más difícil que los ciudadanos estén libremente informados y, por ello, también que una serie de lagunas existentes en los sistemas de control, sean corregidas. Pero eso sí, muy probablemente, todos tendremos la sensación de que la cadena alimentaria es más segura que nunca, aunque no lo sea, ya que no escucharemos más voces que la de la industria y la de una Administración que casi siempre tiende en exceso a decirnos que todo está bajo control. Sea o no cierto.
Y un apunte final para añadir más preocupación, si esta norma se aprueba ¿Quién nos dice que mañana no se aprueben normas semejantes para otros tipos de análisis sobre productos no alimentarios? ¿Caminamos hacia un mundo en el que la industria controlará toda la información que llegue a la población?