jueves, 13 de marzo de 2014

Uno de cada diez trasplantes en el mundo procede del tráfico ilegal

Las mafias reclutan personas en países pobres que proporciona órganos a los ricos

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La imagen impacta. Dos hileras de hombres miran a cámara con las camisetas levantadas mientras enseñan unas cicatrices alargadas en el costado. Prácticamente todos los varones de este pueblo de Filipinas han vendido un riñón por poco más de lo que cuesta un ordenador portátil. Es uno de los ejemplos que muestra un documental de la HBO sobre tráfico de órganos estrenado el año pasado. Y no es un caso aislado. “Durante mucho tiempo, Pakistán fue un lugar de compraventa. Hay pueblos enteros en los que al 90% de la población les falta un riñón porque lo han vendido”, explica José Ramón Núñez, coordinador del programa de trasplantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Como sucede con el tráfico de drogas o de armas, o con cualquier otro comercio ilegal o clandestino, las cifras son esquivas. Lo que hay son estimaciones: la OMS calcula que un 10% de los más de 100.000 trasplantes anuales en el mundo se practican con órganos procedentes del comercio ilegal. El esquema, el previsible. Los países pobres proporcionan riñones e hígados a enfermos de países ricos. “En Pakistán se compran riñones por 150.000 dólares (108.000 euros). El paquistaní que lo vende recibe 2.000; le da para vivir él y su familia durante un año”, cuenta Núñez. “Lo que más nos preocupa en la OMS es que ciudadanos de países ricos donde hay necesidad y escasez de órganos se estén aprovechando de otros donde la miseria es la norma”.
Fuentes: Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. / EL PAÍS
Porque los órganos son un bien escaso. Se calcula que hay un millón de pacientes en lista de espera en el mundo. Y los órganos disponibles cubren el 10% de las necesidades. “Hay gente que vende porque hay gente que compra”, resume Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), organismo que gestiona el registro mundial de la OMS. Compran americanos, europeos, israelitas, emiratís y “ciudadanos ricos de países no tan ricos”, explica Matesanz, que traza un mapamundi de los lugares en los que se comercia con partes del cuerpo humano: “Uno de los puntos calientes de tráfico es Oriente Medio, pero fundamentalmente Líbano, por la guerra de Siria y la catástrofe humanitaria que ha generado. Hay constancia de venta de órganos de refugiados”.
Pero en todos los continentes hay puntos calientes; bien porque la compraventa no es ilegal, bien porque se trata de países con estructuras de Estado débiles y falla el control, relata Matesanz. Bandas organizadas trasladan a los donantes entre países. “Hace años, Estambul era uno de los centros clave en riñón. Llevaban en autobús a los donantes desde Moldavia para proporcionar órganos a israelitas y europeos. Cuando las autoridades lo frenaron, el negocio pasó a Sudáfrica”. En Latinoamérica el tráfico de órganos ha descendido, añade. “En los años ochenta y noventa iban estadounidenses a comprar a países andinos, donde ya se castiga la práctica. Ahora la zona de mayor riesgo es Centroamérica y México. El negocio se traslada a los países más débiles”.
China es “un punto y aparte”, dice Matesanz, porque hasta ahora prácticamente todos sus órganos para trasplante procedían de prisioneros ejecutados. “Ha sido una de las mecas del tráfico internacional de órganos”, añade. Núñez, en la OMS, trabaja para revertirlo formando a coordinadores. Como es un problema de oferta y demanda, hay que crear oferta: “Nuestro trabajo consiste en promover sistemas de donación que proporcionen donantes. Dar soporte legislativo, organizativo y técnico para crear programas de trasplantes. El tráfico ilegal es difícil de atajar; mejor trabajar por la parte legal, para que haya órganos que colmen las necesidades”.

PRIVATIZA QUE ALGO LES QUEDA

El dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años

La privatización sanitaria tiene múltiples caminos: desde la adjudicación de hospitales hasta los conciertos para hacer pruebas diagnósticas, tratamientos o intervenciones quirúgicas
Ninguna región es ajena a la utilización de medios privados para sus redes de salud, que ya representa el 10% del gasto sanitario público español
Intervención quirúrgica en un hospital del Servicio Canario de Salud. EFE
Intervención quirúrgica en un hospital del Servicio Canario de Salud. EFE
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La sanidad pública paga cada vez más a la privada. Unos 7.600 millones de euros al año. Supone un 10,5% del gasto sanitario público que suma 72.000 millones anuales. Los datos de la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad recogen un aumento de esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 2002 a 2011.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de privatización de la sanidad y entrada de empresas en la asistencia de los ciudadanos? Las vías de trasvase de dinero público al sector sanitario privado son variadas. Cada Administración defiende su realidad y no deja de subrayar la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea ésta servida por medios propios, conciertos, convenios o concesiones a contratistas.
El Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS) ha ordenado estos gastos por comunidades autónomas y tipos de pagos desde los presupuestos de Sanidad a las empresas privadas del sector. El IDIS es una entidad que defiende la entrada de las clínicas privadas como “eje de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, según su secretario general Juan Abarca.
La comunidad autónoma que más gasta en sanidad privada es Cataluña. Su sistema sanitario trasvasa 2.450 millones de euros a clínicas cada curso, un 24,1% del gasto. Canarias destina un 10,3% de todo su presupuesto sanitario a medios privados (286 millones de euros). Madrid y Baleares están ambas por encima del 8% con 713 y 112 millones respectivamente. En Andalucía, se paga mucho a empresas privadas de sanidad (446 millones de euros), pero supone un 4,7% de todo el dinero destinado a la salud. En los últimos puestos del ránking autonómico en términos relativos están Aragón (4%), Extremadura (4,3%) y Cantabria (4,5%).
El panorama es una maraña de fórmulas de contratación, cesión, concierto y encomiendas en la que se impone una mirada pormenorizada para ver el alcance de la privatización.

Sanidad mixta catalana

En Cataluña, se puede hablar de un sistema general mixto público-privado. La Generalitat tiene convenios singulares con 31 hospitales privados para que formen parte del Sistema de Utilización Pública. Además, entre 2008 y 2014 publicó 495 concursos para el diagnóstico por imagen, las terapias respiratorias, la atención primaria o los servicios socio-sanitarios.
Este esquema obliga a las arcas públicas catalanas a aportar esos casi 2.500 millones de euros a entidades sanitarias privadas. Es cerca de la mitad, el 41,8% de todo lo que el sector público paga al privado en España. A pesar de que, desde los 1.298 euros per cápita que Sanidad invertía en 2012, el Gobierno ha rebajado la partida a 1.095 –y el consejero Boi Ruiz reconoce que la cifra ideal son 1.500 euros-, la tasa de crecimiento del pago a entidades privadas ha estado en el 2,1% anual desde 2002 a 2011.

Los contratistas entran a escena

Sin duda, la polémica y preocupación ciudadana sobre la privatización sanitaria se ha agudizado especialmente con el proceso de entrada de empresas contratistas en la gestión directa de la sanidad. Tanto con la concesión de la gestión no médica de centros como los contratos completos que asignan a empresas privadas la construcción, administración y gestión sanitaria de hospitales de la red pública. Las sociedades privadas han visto cómo su negocio se ampliaba en la red pública española en los últimos años.
La Comunidad Valenciana: es la pionera en la adjudicación integral sanitaria a contratistas. Cinco departamentos de salud están así gestionados. Seis empresas (Ribera Salud, ACS, Lubasa, Sanitas, DKV y Asisa) se reparten en diferentes porcentajes cinco hospitales de la siguiente manera:
Alzira (Ribera Salud, ACS y Lubasa): 143,4 millones al año para la asistencia de 227.000 personas; Hospital de Denia (DKV y Ribera Salud): 94,8 millones para 150.000 ciudadanos; Hospital de Torrevieja (Sanitas): 123 millones para 195.000 alicantinos; y Hospital de Vinalopó (Ribera Salud y Asisa): 101 millones.
Las asignaciones se incrementan en el mismo porcentaje que el presupuesto de Sanidad elaborado por el Gobierno regional. Valencia le ha metido un acelerón al gasto público en sanidad privada a un ritmo de crecimiento del 10,9%. Gasta 442 millones al año (un 6,6% de su presupuesto). "A la Genertalitat le viene muy bien y las concesionarias tienen que hacer verdaderos esfuerzos para que les salgan las cuentas", ha analizado el director general de IDIS, Manuel Vilches, dejando clara su visión sobre estos modelos.
Madrid: el Gobierno del PP ha impulsado las partidas de dinero público hacia medios sanitarios de empresas. Un 13,7% más de media en diez años. En 2011 se destinaron 714 millones de euros (un 8,5% del presupuesto total). El estudio de IDIS habla de "interdependencia" entre los sistemas sanitarios público y privado.
Existen cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta Leonor (de IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas, Asisa, Bankia, Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles (IDCSalud) con pago de 107,1 millones y Collado Villalba. Este último centro no ha sido puesto en marcha porque el Ejecutivo de Ignacio González considera que no puede afrontar el pago del canon, aunque sí se abona 11 millones al año en concepto de mantenimiento).
Concesiones también existen en Canarias, que en 2013 lanzó un concurso para la hemodiálisis en Gran Canaria y Lanzarote por 35 millones de euros para cinco años. Las islas son la segunda región que asigna más recursos a la sanidad privada respecto a su presupuesto: un 10,3% y 286 millones al año.

Los conciertos versus la infrautilización de medios públicos

Casi todas las administraciones sanitarias –sin importar el color político que las dirijan- conceden gran impacto a los conciertos con clínicas para llevar a cabo terapias o pruebas (en ocasiones en detrimento de los recursos directos). El 38% de las terapias de respiración en Madrid son asignadas a centros privados. En Galicia es el 23% y en Navarra el 21% del total de tratamientos de esta índole. Es un nuevo frente de lucha abierto contra la privatización sanitaria.
En el caso de Madrid, el 73% de los 48 hospitales privados de la región tienen algún tipo de acuerdo firmado con el SERCAM. La panoplia diseñada por la Consejería de Sanidad abarca múltiples disciplinas. Como se apuntaba, los enfermos respiratorios dependen en gran medida de centros privados para sus terapias (95 millones de euros en concursos entre 2008 y 2014). Se le suman, además, las pruebas diagnósticas que se derivan a la hora de hacer ecografías o mamografías. Un modelo que puede resquebrajarse en cuanto la administración no llega a acuerdos que satisfagan sus estrecheces financieras, como sucedió en 2013 cuando se detuvieron miles de mamografías del Programa de detección precoz del cáncer de mama en Madrid.
También a la hora de intentar bajar las listas de espera quirúrgicas, algunas comunidades han apostado fuerte por la derivación a hospitales de empresas. Así, en Castilla y León han llegado al 51%; en Castilla-La Mancha al 34% y en Aragón al 19% de la actividad. En Castilla y León tuvieron que regresar a estos conciertos en 2013 tras no poder gestionar las listas con los medios públicos una vez suprimidas las actividades extraordinarias de tarde en los hospitales. Igual le ocurrió a Valencia. Marcha atrás y nuevo flujo de dinero a clínicas privadas ante el atasco. En Castilla-La Mancha están recurriendo a traslados a otras regiones para intervenciones de sus pacientes.

Los convenios

El sistema de convenios es una manera habitual de que los impuestos abonen la prestación de servicios sanitarios en centros privados. El convenio hace que los ciudadanos puedan acudir a los hospitales a recibir sus tratamientos. Andalucía destaca en esta fórmula con 17 centros conveniados. Cinco de ellos pertenecen a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y seis al grupo José Manuel Pascual. También con Cruz Roja Española. 
Este sistema es el que utiliza el Partido Popular para asimilar los procesos privatizadores como el de Madrid con otras regiones. Como dijo el vicesecretario popular Carlos Floriano hace poco más de un mes, "está vigente en otras comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña". El flujo de pacientes andaluces está controlado por los hospitales públicos y sus Unidades Provinciales de Gestión.
El informe del IDIS reseña que "no se dispone de información pública en cuanto a la remuneración obtenida por parte de los grupos privados con estos convenios".  Andalucía gasta 447 millones de euros en dar cobertura pública con medios privados (un 4,7% del total). También aparecen con estas fórmulas el País Vasco, Galicia, Islas Baleares y Asturias.
La Comunidad de Madrid firmó un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz (regentada por IDCSalud) por 30 años para atender en ese hospital a población de referencia. En 2012 y 2013, Madrid le abonó más de 300 millones por cada anualidad.